Política social 2002-2010. Pocos avances, grandes interrogantes

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En el gobierno Uribe la política social se concentró en los programas de subsidio por medio de la transferencia de efectivo, lo que es contradictorio con la realización integral de los derechos humanos de los más pobres. Además, después de ocho años, no parecen haberse garantizado los derechos sociales del conjunto de la población.

Por Sergio Coronado*

Durante los últimos ocho años se presentaron una serie de acontecimientos que han demostrado la tendencia de la política social del gobierno de Uribe Vélez: en el campo colombiano se consolidó un modelo excluyente con la población más pobre (caso Agro Ingreso Seguro) y no se realizó una estrategia integral de reparación y restitución de las tierras a la población desplazada (caso Carimagua). De igual forma, se intentó frenar el colapso del sistema de salud por la crisis financiera mediante el incremento de los aportes económicos que los usuarios hacen del sistema, normativa que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (Delgado y Paredes, 2010). Situaciones como las anteriores se enmarcan en un contexto general en el cual la garantía integral de los derechos sociales de la población  —uno de los fines primordiales del Estado Social de Derecho— pierde su importancia frente a otros temas de la agenda política del actual gobierno, como son la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la delicada situación de las relaciones internacionales.

Colombia es uno de los países de América Latina que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso: se calcula que el coeficiente de Gini para nuestro país en este tema es de 0,576. Además, un 27,7% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 6). Ante esta situación, la política social del Estado debe encontrarse dirigida hacia la disminución de la brecha social y de la pobreza por medio de una estrategia integral que favorezca la realización de los derechos humanos del conjunto de la población. Tras ocho años de Gobierno esta situación no logró ser contenida y los programas que se diseñaron para este propósito se encuentran lejos de alcanzar este fin.

En la consolidación del Estado Comunitario las políticas sociales emergieron como programas complementarios a la implementación de los pilares del gobierno: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social (Gutiérrez, 2010). Esta última se buscó principalmente con un modelo de subsidios en efectivo para enfrentar las situaciones de pobreza extrema que atraviesa la mayor parte de la población colombiana. En este sentido, en materia de política social, adquirió un gran protagonismo la Consejería Presidencial para la Acción Social.

Los programas de subsidio a la población más pobre se convirtieron en la bandera de este gobierno en cuanto a política social se refiere, con la consecuencia directa de que se realizó menor énfasis en otros programas ‘tradicionales’ como los de salud, educación y empleo, entre otros. Este artículo no pretende realizar una evaluación detallada del conjunto de las políticas sociales que se implementaron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, sino mostrar cómo la concentración de la política social en los programas de subsidio por medio de la transferencia de efectivo es contradictoria con la realización integral de los derechos humanos de los más pobres. Además, busca señalar cómo después de ocho años el estado general de la garantía de los derechos sociales del conjunto de la población colombiana no reporta avances significativos sino que, por el contrario, deja abiertos grandes interrogantes sobre la efectividad del gobierno Uribe en estas materias.

Focalización, subsidios y derechos humanos

Durante los dos últimos periodos de gobierno, la política social en nuestro país se ha concentrado en programas de subsidio condicionado o transferencia de efectivo a las familias pobres. El programa “Familias en Acción”, que fue creado durante el gobierno de Andrés Pastara, se presenta hoy como el principal logro en materia social, argumentando que logró reducir los índices de pobreza y mejoró la condición de las familias más pobres del país. En la reciente rendición de cuentas del actual gobierno se señaló que: “Familias en Acción ha sido un verdadero proceso de crecimiento de la Nación. Porque en la medida que se ha logrado que la base de la sociedad, la población más pobre y marginada, se mueva hacia el progreso, se ha comenzado a mover a toda la sociedad” (Aponte, 2010).

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