La verdad histórica

Alejandro Angulo, S.J, director del Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, explica los grandes retos que tiene Colombia en cuanto a víctimas y victimarios, justicia, economía y política para alcanzar la paz, a propósito de la revista realizada por El Espectador a alias Ernesto Baéz. 

La entrevista de alias Ernesto Báez al periodista Alexánder Marín Correa de El Espectador, es una lectura obligatoria de la historia colombiana para quienes intenten seguir el curso. En los últimos años nadie ha hablado con tanta claridad. Un buen conocedor del problema, el Sr. Duque Gaviria, dice, sin morderse la lengua, que “la Ley de Justicia y Paz no ha funcionado” (según las víctimas), y que “la Ley de Justicia y Paz fracasará” (según él). Aquí no hay sino un diagnóstico certero y un pronóstico bien fundado. Pero las verdades que debieran ser materia de estudio en nuestras escuelas y universidades abundan en el cuerpo de la entrevista.

Y lo peor de todo es que no se trata de fanfarronadas paramilitares, sino de un bien informado análisis del descontento reinante entre víctimas y victimarios, además de opiniones muy juiciosas sobre nuestros hábitos políticos económicos y culturales que debieran documentarse con esmero. Por ejemplo, el problema de los términos procesales inexistentes, que es un ardid clásico de la (in)Justicia Colombiana: 'prolonga el juicio que pronto olvidarán...'. Y, como se podía esperar, triunfa la impunidad.

Más preocupante, también para nosotros, es su diagnóstico inequívoco sobre las ‘bacrim’: “me preocupa que muchos (militantes rasos de los paracos) ya están en las bandas criminales, que son los restos de paramilitares mal desmovilizados”. La malicia incisiva de esta frase no está en el hecho retequesabido de que todas las desmovilizaciones de guerreros dejan restos, sino en que las desmovilizaciones del paramilitarismo colombiano, en los diez primeros años de este siglo, estuvieron mal hechas. Esta es una verificación que, además, conlleva una acusación grave, la cual apenas ahora empieza a ser un secreto a voces. Y esta declaración precisa desacredita y saca del juego a todos los políticos y académicos que han chorreado babas a propósito del fenómeno.

Sin embargo, la crítica más penetrante es la que él formula así: “todas las confesiones y lo que ha avanzado la justicia no es ni siquiera el 25% de la verdad histórica. Si no hay instrumentos que faciliten la construcción de verdad histórica, la Ley de Justicia y Paz fracasará”. Esta sola frase vale toda la entrevista y merece toda nuestra atención.

La construcción de la verdad histórica en casos como el de la violencia colombiana es uno de los retos mayúsculos para cualquier país y cualquier cultura. Es difícil imaginar que el latrocinio de tierras, que subyace a las matanzas y los desalojos de poblaciones enteras, vaya a ser objeto de confesiones paladinas, cuando su autor es un ente complejo y, por lo mismo, impersonal. Un sistema monstruoso armado para el despojo. Lo que está diciendo claramente el señor Duque Gaviria es que él, que hace parte del monstruo, no puede aceptar la hipocresía de los dirigentes que lo incitaron o financiaron a él, de forma explícita o implícita. Y menos aún está dispuesto a pagar por lo que él considera como una traición y una injusticia de poderosos señores que van a salir ganando, tanto con su “trabajo” asesino, como con su “condena” legal. Es nada menos que la guerra de los monstruos.

Pero ese es todavía un nivel epidérmico del problema. Si ahondamos en el caso, lo que encontramos en la misma raíz del conflicto social armado semisecular de Colombia es una creencia, inhumana por lo desequilibrada, de que la riqueza de los países pertenece a quien logra incautársela con rapidez y a la fuerza. Y encima de esa creencia inaceptable encontramos una “teoría ética”, autodenominada “el derecho de propiedad”, que resulta, en últimas, en el derecho de matar por robar, o por defender el robo de una, diez o diez mil hectáreas. Para cuatro millones de hectáreas hemos tenido que causar cerca de 200.000 muertos y 5 millones de desplazados. Hagan ustedes el cálculo del faltante. Ese desastre humano es lo que, sin dejar claro su papel en él, denuncia alias Ernesto Báez.

La mitad (¿?) de la inteligencia(¿?) mundial, y todos los vencedores en Colombia, sostienen, con la falsa prueba de los promedios no ponderados, que el enriquecimiento de un extremo, favorece al conjunto social. Hablan de agrandar la torta para tener más que repartir, y eso, los que hablan de la torta, no los que se atragantan con ella. Estos últimos no conjugan nunca el verbo repartir. El argumento estadístico del promedio sería probable si el enriquecimiento de un extremo no estuviera basado sobre el despojo del otro extremo. Y el argumento ético de la distribución se tendría en pie, si algunos ricos estuvieran dispuestos a redistribuir en lugar de acumular. ¿Alguien conoce el mundo humano en el que estas utopías puedan acontecer?

Y superando todos los diagnósticos científicos, morales y políticos que se han dado sobre el problema social colombiano, el Señor Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, ofrece la única solución posible: “hay muchos del Gobierno y gobiernos pasados que tienen que desmovilizarse, como algunos jerarcas de las Fuerzas Armadas”. Es la única solución, aunque todavía tiene que ser completada. La desmovilización no solamente es un problema de política, sino que tiene cantidades enormes de ingredientes económicos y culturales. Si no se desmovilizan los capitalistas salvajes, los racistas desbocados y los clasistas irredentos, “volverán las oscuras golondrinas” como han vuelto todas las veces, tratando como siempre de cubrir la verdad histórica con sus negras alas.

Alejandro Angulo S.J.

Director del Banco de datos de derechos humanos y violencia política del CINEP/PPP